República Mexicana, 26 de agosto de 2010 (A la Comisión de Mediación)

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

Enviamos dos comunicados emitidos por nuestro partido en donde 1) damos nuestra posición respecto a la situación que vive nuestro país; y 2) una petición a la Comisión de Mediación respecto a la situación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos por motivos políticos.
De antemano agradecemos la atención prestada para con nosotros y nos despedimos fraternalmente.

PDPR-EPR.


AL PUEBLO DE MEXICO
A LA COMISION DE MEDIACION

Y mientras el gobierno ilegítimo trata de hacer creer al pueblo mexicano que algo está haciendo a nombre la seguridad nacional, nosotros de la mano del pueblo organizado no olvidamos, no olvidaremos y continuamos firmemente buscando a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que con otros luchadores sociales son víctimas de la detención-desaparición forzada por motivos políticos, que junto con los desaparecidos por motivos sociales son miles de ciudadanos que están en esta infame condición, realidad producto de una política de “limpieza social”, que aunque no lo acepten plumas “prestigiosas” por sus intereses inconfesables, en México se vive un terrorismo de Estado que poca diferencia tiene con las dictaduras que existieron en Sudamérica.

Entre este panorama de criminalización contra nuestro pueblo y ante la pregonada democracia que exaltan los políticos de oficio y sus representados, la oligarquía, preguntamos: ¿Qué prebendas más ganarían, de las ya satisfechas, los partidos políticos con el señor Calderón por no juzgar a los responsables de estas desapariciones forzadas? Como son el general Alfredo Oropeza Garnica, el aún gobernador criminal Ulises Ruiz, Manuel Moreno Rivas, Manuel Vera Salinas y Jorge Franco?

¿Cómo es que la dirigencia nacional del PRD sabiendo que Manuel Vera Salinas tiene responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros compañeros, así como de muchos más luchadores sociales desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca le da protección por medio de su ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo Greg Sánchez, entonces presidente municipal de Cancún, nombrándolo jefe de policía y tránsito? ¿Quiere decir, entonces, que en lugar de hacer una denuncia por este delito es su protegido? ¿Qué más podemos esperar con esta actitud?

El gobierno de Calderón por su ilegitimidad criminaliza por todos los medios el descontento popular y reprime masiva y selectivamente toda expresión de descontento y organización fuera de los marcos coorporativizantes, provocando con sus medidas fascistoides un mayor encono social, al tiempo que allana el camino para instaurar legalmente un Estado policíaco-militar, que no es otra cosa que una dictadura con un rostro civil en el Ejecutivo. En ese contexto se inscribe la actitud de este gobierno que busca negociar con las cabezas del crimen organizado para que entre ambos junten fuerzas para enderezarlas en contra del movimiento insurgente, para tratar de destruirnos físicamente.

La historia reciente del país nos recuerda que gobiernos anteriores priistas tenían negociación con el crimen organizado y sus titulares para combatir a los grupos revolucionarios de ese tiempo, por poner algunos ejemplos eran Nazar Haro y el general Acosta Chaparro, el primero hoy “super” asesor de oligarcas y cúpula policíaco-militar, que en su medio solían preguntar a algunos integrantes del crimen organizado y a subalternos si habían hecho tal o cual acción delictiva, y éstos al negarlo ocasionaban que el gobierno declarara después de un supuesto trabajo de inteligencia que habían sido fuerzas insurgentes los responsables de tales acciones.

Desde esos tiempos priistas el crimen organizado facilitaba casas de seguridad y sicarios para que asesinaran, pero previamente torturaran a luchadores sociales y miembros de las fuerzas insurgentes cuando la época de la guerra sucia. Con el arribo el panismo al gobierno federal esta práctica no sólo se retomó si no que la ha intensificado.

Ante este desolador panorama para nuestro pueblo y sus organizaciones hemos respetando la tregua unilateral solicitada por la Comisión de Mediación a pesar de la falta de respuesta oficial a la Comisión de Mediación; a pesar de que en diferentes partes del país se han instrumentado operativos contrainsurgentes de búsqueda y captura de nuestros militantes; a pesar de la indiferencia, silencio y complicidad de la mayoría de los integrantes del poder Legislativo; a pesar del ambiente represivo contra nuestro pueblo y la agresión policíaco-militar contra éste que legitima una respuesta del conjunto del movimiento revolucionario por el anhelo de libertad y justicia de nuestro pueblo que pide el actuar revolucionario.

Solicitamos con el debido respeto a la Comisión de Mediación que informe a nuestro pueblo sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo que dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 46.
República mexicana, a 26 de agosto de 2010.