Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-11-02
Categoría
Comunicado
Saludo a la cuarta audiencia de víctimas del conflicto
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, noviembre 2 de 2014
SALUDO DE LAS FARC-EP
A LA CUARTA AUDIENCIA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Al cuarto grupo de víctimas del conflicto en esta audiencia de La Habana, nuestro afecto y saludo de bienvenida. Destacamos su compromiso con la paz de Colombia manifiesto en la determinación de acudir a este escenario de diálogos con sus testimonios de dolor y su sentimiento de reconciliación.
También expresamos nuestro saludo a los garantes de Cuba y de Noruega, a los representantes de Venezuela y Chile que han sido acompañantes abnegados de este esfuerzo por la paz que es el más elevado de los derechos que merece nuestro pueblo.
Extendemos también un saludo cordial a la Delegación gubernamental y a los organizadores de este certamen.
Desgraciadamente sigue presente la circunstancia de que no todas las víctimas son iguales ante el Estado. Por ello, de manera incomprensible, vemos que el Gobierno nacional no otorgó las autorizaciones necesarias para que el rebelde bolivariano, Tulio Murillo, hiciera presencia como prisionero de guerra y víctima en un evento que como este, en aras de la justicia, requiere de la voz viva de quienes en las cárceles de Colombia padecen toda clase de vejámenes y violaciones a sus derechos fundamentales.
Esa silla vacía que debiera estar ocupando nuestro compañero Alonso, se erige en un monumento a la intransigencia en medio de un proceso de paz, que se supone está concebido para dar muestras de tolerancia y equilibrio, sin exclusiones ni estigmatizaciones que profundicen las heridas que ha dejado la guerra. Tal circunstancia agrava sin duda las indignas e inhumanas condiciones en que sobreviven los presos políticos, los prisioneros de guerra, y en general la población recluida en los infiernos degradantes que son los centros penitenciarios de nuestro país.
Esta situación infamante parece no inquietar al Estado que los priva de la libertad, y por eso complementa sus ignominias negándoles el derecho a recibir solidaridad, pues ocurre que más de 90 integrantes de agrupaciones sociales comprometidas con la paz y los derechos humanos recibieron amenazas de muerte por grupos paramilitares, desde que comenzaron las audiencias de La Habana, haciéndose más terrible la odisea que desde siempre han sufrido aquellos que con valentía se atrevieron a defender a quienes son perseguidos por oponerse al régimen de injusticia que impera en Colombia.
Entre los amenazados se encuentran también varias de las víctimas del conflicto que viajaron a La Habana, como Alfonso Mora y Janeth Bautista. A fecha de hoy, casi dos meses después de iniciarse las amenazas, estas no han cesado ni se ha producido ninguna puesta a disposición de la justicia de sus responsables, situación que sin duda preocupa sobremanera a todo el pueblo colombiano.
A la vez, aumentan las quejas de los líderes sociales y de los defensores de Derechos Humanos por los fallos, deficiencias y recortes presupuestarios en los esquemas de protección que son responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección, por los riesgos y consecuencias negativas en la seguridad provocados por estos recortes. En el mes de octubre 2014, incluso la Defensoría del Pueblo ha venido registrando este aumento de quejas por parte de varios líderes sociales en relación con los esquemas de protección que les han sido asignados, y de manera particular respecto a la falta de recursos para su movilización, lo que sin duda los hace cada día más ineficaces.
Son muchas las quejas puestas en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección por defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas del conflicto armado, reclamantes de tierras, sindicalistas, entre otros, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes para evitar mayores riesgos para la vida e integridad de los amenazados. Pedimos contundentemente que de inmediato se realicen los necesarios esfuerzos presupuestarios para subsanar estas deficiencias, porque nada hay más valioso que la vida de cualquier compatriota, y dicho objetivo debe ser la mayor de las prioridades presupuestarias
Por otra parte, es obligado mostrar nuestra preocupación y dolor por la continuación de asesinatos de sindicalistas colombianos. En menos de dos meses se han producido dos nuevos crímenes. En esta ocasión manifestamos nuestra condena por el crimen contra el dirigente y líder comunitario, Nelson Medina Ortega, quien fue asesinado en la pasada noche del viernes 17 de octubre en Villavicencio. Medina Ortega era presidente de ARCA, Asociación de Regiones del Área Circunvecina de Apiay. Este hecho se suma al ocurrido el pasado mes de agosto cuando fue asesinada Edith Santos, quien era fiscal del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad, Sinproseg y presidenta de la Corporación de Juntas de Acción Comunal de Castilla- Chichimene, también en el Meta.
Las audiencias de Victimas no deben constituir un simple ejercicio de exposición del dolor causado por el conflicto armado en Colombia. Estamos obligados a actuar adoptando medidas inmediatas que eviten la generación de nuevas víctimas. Y en esta misma línea de ideas creemos que el Estado no puede continuar negándose a reconocer ante la CIDH o ante cualquier otra instancia, su responsabilidad por el exterminio de la UP, ni negarse a reparar el daño causado por este grave caso de victimización colectiva por motivos políticos, que no tiene antecedentes en todo el hemisferio occidental. Por eso hoy, de manera especial, mostramos nuestra consternación por la actual negativa del Estado a reconocer ante la CIDH su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada en 1984 de Miguel Ángel Díaz, activista del Partido Comunista Colombiano (PCC).
El 5 de septiembre de1984, Miguel Ángel Díaz y Faustino López Guerrero, dirigente agrario, se dirigieron a Puerto Boyacá para realizar actuaciones de índole política. A la salida de una oficina de la administración pública, Miguel Ángel fue introducido a la fuerza en un vehículo, y horas más tarde Faustino López también fue retenido por personas desconocidas. Los dos permanecen desaparecidos desde entonces.
El 29 de mayo de 1986, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja condenó al agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Luis Barrero por estos hechos. Sin embargo, este funcionario del DAS fue condenado solamente a cinco años de prisión en calidad de coautor. El agente del DAS nunca reveló el paradero de Miguel Ángel Díaz ni de Faustino López, ni los nombres de los demás autores de las desapariciones. En el proceso de investigación se identificaron otros presuntos responsables que se negaron a declarar o no fueron investigados, la mayoría de ellos miembros de organismos de seguridad del Estado, funcionarios y miembros de grupos paramilitares. El proceso penal se adelantó en Tunja porque en Puerto Boyacá, epicentro y escuela del paramilitarismo, no había garantías para la investigación, por el contrario los investigadores también fueron amenazados, como está consignado en una constancia de la Procuraduría.
El 16 de diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar puso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas los miembros de la Unión Patriótica desde la mitad de la década de los 80. El 12 de marzo de 1997 la CIDH profirió el Informe No. 11.227 sobre la admisibilidad del caso de Miguel Ángel. El 24 de marzo de 2000 se conformó una mesa para la solución amistosa del caso, pero en junio de 2006 las organizaciones peticionarias decidieron abandonar esta vía, como consecuencia de los reiterados incumplimientos del gobierno en los compromisos adquiridos en esta etapa. Miguel Ángel hace parte del proceso que sigue aún en la Comisión Interamericana, negándose el Estado a reconocer su responsabilidad en este y en otros muchos casos
"El Gobierno niega a las víctimas de la Unión Patriótica y niega su responsabilidad en el exterminio. (...) Exigimos que nos reconozcan ante la CIDH", dijo recientemente la Presidenta de la UP Aida Avella, ella misma víctima del exterminio de esa fuerza política.
Como dijo Avella, la asunción de responsabilidades por parte del Estado colombiano contribuiría de manera determinante a la paz. Pedimos que dicha asunción de responsabilidades se haga de inmediato y de forma concreta y explicita en todos los casos de evidente responsabilidad de agentes del Estado.
Es indispensable que el Estado modifique su conducta frente al genocidio de la Unión Patriótica y que contribuya a esclarecer los hechos e identificar a los responsables de la persecución a ese movimiento político, que sigue siendo victimizado.
Todos estos crímenes fueron cometidos entre los años 1986 y 1996, periodo del genocidio contra la UP pero al declararse de lesa humanidad únicamente 34 casos, solo se evitará que prescriban esos, porque en la mayoría de ellos han transcurrido cerca de 25 años desde su comisión. El tiempo apremia y hace urgente un claro compromiso del Estado con la Verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El exterminio de la UP no tiene secretos. En palabras del vice fiscal general, Jorge Fernando Perdomo: "se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado", mientras que se ignoran al menos 3.000 casos, el grueso del genocidio cometido, a pesar de que el vice fiscal reconoce que estos atentados tuvieron un carácter "generalizado, sistemático y reiterado contra la población civil". Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció como "exterminio político" ese asesinato de miles de sus militantes.
Nuevamente queremos manifestar que las FARC-EP en su interés por reivindicar plenamente a las víctimas del conflicto han presentado 10 propuestas mínimas con desarrollos específicos representados en al menos 50 iniciativas y líneas orientadoras que contemplan soluciones prácticas para el reconocimiento de sus derechos, el esclarecimiento de la verdad y su resarcimiento integral.
Reiteramos ante ustedes nuestro compromiso explícito con el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos, del conflicto colombiano y la existencia de una juridicidad guerrillera, que siempre hemos aplicado consecuentemente adoptando medidas sancionadoras contra quienes hayan sido responsables de acciones indebidas.
Nuevamente les damos un cálido abrazo de bienvenida a todos y todas, con la certeza de que su contribución será fundamental para la construcción de un acuerdo final de paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
SALUDO DE LAS FARC-EP
A LA CUARTA AUDIENCIA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Al cuarto grupo de víctimas del conflicto en esta audiencia de La Habana, nuestro afecto y saludo de bienvenida. Destacamos su compromiso con la paz de Colombia manifiesto en la determinación de acudir a este escenario de diálogos con sus testimonios de dolor y su sentimiento de reconciliación.
También expresamos nuestro saludo a los garantes de Cuba y de Noruega, a los representantes de Venezuela y Chile que han sido acompañantes abnegados de este esfuerzo por la paz que es el más elevado de los derechos que merece nuestro pueblo.
Extendemos también un saludo cordial a la Delegación gubernamental y a los organizadores de este certamen.
Desgraciadamente sigue presente la circunstancia de que no todas las víctimas son iguales ante el Estado. Por ello, de manera incomprensible, vemos que el Gobierno nacional no otorgó las autorizaciones necesarias para que el rebelde bolivariano, Tulio Murillo, hiciera presencia como prisionero de guerra y víctima en un evento que como este, en aras de la justicia, requiere de la voz viva de quienes en las cárceles de Colombia padecen toda clase de vejámenes y violaciones a sus derechos fundamentales.
Esa silla vacía que debiera estar ocupando nuestro compañero Alonso, se erige en un monumento a la intransigencia en medio de un proceso de paz, que se supone está concebido para dar muestras de tolerancia y equilibrio, sin exclusiones ni estigmatizaciones que profundicen las heridas que ha dejado la guerra. Tal circunstancia agrava sin duda las indignas e inhumanas condiciones en que sobreviven los presos políticos, los prisioneros de guerra, y en general la población recluida en los infiernos degradantes que son los centros penitenciarios de nuestro país.
Esta situación infamante parece no inquietar al Estado que los priva de la libertad, y por eso complementa sus ignominias negándoles el derecho a recibir solidaridad, pues ocurre que más de 90 integrantes de agrupaciones sociales comprometidas con la paz y los derechos humanos recibieron amenazas de muerte por grupos paramilitares, desde que comenzaron las audiencias de La Habana, haciéndose más terrible la odisea que desde siempre han sufrido aquellos que con valentía se atrevieron a defender a quienes son perseguidos por oponerse al régimen de injusticia que impera en Colombia.
Entre los amenazados se encuentran también varias de las víctimas del conflicto que viajaron a La Habana, como Alfonso Mora y Janeth Bautista. A fecha de hoy, casi dos meses después de iniciarse las amenazas, estas no han cesado ni se ha producido ninguna puesta a disposición de la justicia de sus responsables, situación que sin duda preocupa sobremanera a todo el pueblo colombiano.
A la vez, aumentan las quejas de los líderes sociales y de los defensores de Derechos Humanos por los fallos, deficiencias y recortes presupuestarios en los esquemas de protección que son responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección, por los riesgos y consecuencias negativas en la seguridad provocados por estos recortes. En el mes de octubre 2014, incluso la Defensoría del Pueblo ha venido registrando este aumento de quejas por parte de varios líderes sociales en relación con los esquemas de protección que les han sido asignados, y de manera particular respecto a la falta de recursos para su movilización, lo que sin duda los hace cada día más ineficaces.
Son muchas las quejas puestas en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección por defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas del conflicto armado, reclamantes de tierras, sindicalistas, entre otros, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes para evitar mayores riesgos para la vida e integridad de los amenazados. Pedimos contundentemente que de inmediato se realicen los necesarios esfuerzos presupuestarios para subsanar estas deficiencias, porque nada hay más valioso que la vida de cualquier compatriota, y dicho objetivo debe ser la mayor de las prioridades presupuestarias
Por otra parte, es obligado mostrar nuestra preocupación y dolor por la continuación de asesinatos de sindicalistas colombianos. En menos de dos meses se han producido dos nuevos crímenes. En esta ocasión manifestamos nuestra condena por el crimen contra el dirigente y líder comunitario, Nelson Medina Ortega, quien fue asesinado en la pasada noche del viernes 17 de octubre en Villavicencio. Medina Ortega era presidente de ARCA, Asociación de Regiones del Área Circunvecina de Apiay. Este hecho se suma al ocurrido el pasado mes de agosto cuando fue asesinada Edith Santos, quien era fiscal del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad, Sinproseg y presidenta de la Corporación de Juntas de Acción Comunal de Castilla- Chichimene, también en el Meta.
Las audiencias de Victimas no deben constituir un simple ejercicio de exposición del dolor causado por el conflicto armado en Colombia. Estamos obligados a actuar adoptando medidas inmediatas que eviten la generación de nuevas víctimas. Y en esta misma línea de ideas creemos que el Estado no puede continuar negándose a reconocer ante la CIDH o ante cualquier otra instancia, su responsabilidad por el exterminio de la UP, ni negarse a reparar el daño causado por este grave caso de victimización colectiva por motivos políticos, que no tiene antecedentes en todo el hemisferio occidental. Por eso hoy, de manera especial, mostramos nuestra consternación por la actual negativa del Estado a reconocer ante la CIDH su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada en 1984 de Miguel Ángel Díaz, activista del Partido Comunista Colombiano (PCC).
El 5 de septiembre de1984, Miguel Ángel Díaz y Faustino López Guerrero, dirigente agrario, se dirigieron a Puerto Boyacá para realizar actuaciones de índole política. A la salida de una oficina de la administración pública, Miguel Ángel fue introducido a la fuerza en un vehículo, y horas más tarde Faustino López también fue retenido por personas desconocidas. Los dos permanecen desaparecidos desde entonces.
El 29 de mayo de 1986, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja condenó al agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Luis Barrero por estos hechos. Sin embargo, este funcionario del DAS fue condenado solamente a cinco años de prisión en calidad de coautor. El agente del DAS nunca reveló el paradero de Miguel Ángel Díaz ni de Faustino López, ni los nombres de los demás autores de las desapariciones. En el proceso de investigación se identificaron otros presuntos responsables que se negaron a declarar o no fueron investigados, la mayoría de ellos miembros de organismos de seguridad del Estado, funcionarios y miembros de grupos paramilitares. El proceso penal se adelantó en Tunja porque en Puerto Boyacá, epicentro y escuela del paramilitarismo, no había garantías para la investigación, por el contrario los investigadores también fueron amenazados, como está consignado en una constancia de la Procuraduría.
El 16 de diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar puso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas los miembros de la Unión Patriótica desde la mitad de la década de los 80. El 12 de marzo de 1997 la CIDH profirió el Informe No. 11.227 sobre la admisibilidad del caso de Miguel Ángel. El 24 de marzo de 2000 se conformó una mesa para la solución amistosa del caso, pero en junio de 2006 las organizaciones peticionarias decidieron abandonar esta vía, como consecuencia de los reiterados incumplimientos del gobierno en los compromisos adquiridos en esta etapa. Miguel Ángel hace parte del proceso que sigue aún en la Comisión Interamericana, negándose el Estado a reconocer su responsabilidad en este y en otros muchos casos
"El Gobierno niega a las víctimas de la Unión Patriótica y niega su responsabilidad en el exterminio. (...) Exigimos que nos reconozcan ante la CIDH", dijo recientemente la Presidenta de la UP Aida Avella, ella misma víctima del exterminio de esa fuerza política.
Como dijo Avella, la asunción de responsabilidades por parte del Estado colombiano contribuiría de manera determinante a la paz. Pedimos que dicha asunción de responsabilidades se haga de inmediato y de forma concreta y explicita en todos los casos de evidente responsabilidad de agentes del Estado.
Es indispensable que el Estado modifique su conducta frente al genocidio de la Unión Patriótica y que contribuya a esclarecer los hechos e identificar a los responsables de la persecución a ese movimiento político, que sigue siendo victimizado.
Todos estos crímenes fueron cometidos entre los años 1986 y 1996, periodo del genocidio contra la UP pero al declararse de lesa humanidad únicamente 34 casos, solo se evitará que prescriban esos, porque en la mayoría de ellos han transcurrido cerca de 25 años desde su comisión. El tiempo apremia y hace urgente un claro compromiso del Estado con la Verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El exterminio de la UP no tiene secretos. En palabras del vice fiscal general, Jorge Fernando Perdomo: "se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado", mientras que se ignoran al menos 3.000 casos, el grueso del genocidio cometido, a pesar de que el vice fiscal reconoce que estos atentados tuvieron un carácter "generalizado, sistemático y reiterado contra la población civil". Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció como "exterminio político" ese asesinato de miles de sus militantes.
Nuevamente queremos manifestar que las FARC-EP en su interés por reivindicar plenamente a las víctimas del conflicto han presentado 10 propuestas mínimas con desarrollos específicos representados en al menos 50 iniciativas y líneas orientadoras que contemplan soluciones prácticas para el reconocimiento de sus derechos, el esclarecimiento de la verdad y su resarcimiento integral.
Reiteramos ante ustedes nuestro compromiso explícito con el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos, del conflicto colombiano y la existencia de una juridicidad guerrillera, que siempre hemos aplicado consecuentemente adoptando medidas sancionadoras contra quienes hayan sido responsables de acciones indebidas.
Nuevamente les damos un cálido abrazo de bienvenida a todos y todas, con la certeza de que su contribución será fundamental para la construcción de un acuerdo final de paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP